Durante la Sesión Ordinaria de hoy, los legisladores aprobaron por unanimidad ambos proyectos enviados por el Ejecutivo Provincial que resultan herramientas fundamentales para agilizar las acciones del Estado en la prestación de insumos y alimentos en el área de Educación, Salud y Desarrollo Social, y para declarar al servicio de gas y de electricidad como servicios esenciales.
Este jueves, en la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, los legisladores aprobaron por la Ley de Emergencia Alimentaria y Administrativa y la de Emergencia Energética, proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial.
“Resultan herramientas fundamentales para agilizar las acciones del Estado en la prestación de insumos y alimentos en el área de Educación, Salud y Desarrollo Social, y para declarar al servicio de gas y de electricidad como servicios esenciales”, dijeron desde Diputados.
En este marco, el estado de emergencia tendrá plazo de duración de tres meses a partir de su entrada en vigencia, pudiendo ser prorrogado con el visto bueno del Poder Legislativo.
“Cabe destacar que se supedita el trámite de adquisición de bienes, contratación de servicios y obras, en el ámbito de la Salud, la Educación y el Desarrollo Social, en cuanto a la contratación de servicios, así como todo acto administrativo que implique compromiso de erogaciones en cualquier modalidad, a la previa autorización expresa por parte del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, indicando las fechas estimadas en que se deberán realizar las erogaciones correspondientes”, comunicaron desde la Legislatura.
Cuando sea reglamentado por el Ejecutivo, los Ministerios de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, el Salud y Ambiente y el Consejo Provincial de Educación podrán a contratar de manera directa y excepcional la ejecución de obras, la provisión de bienes, servicios y alimentos que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de las funciones estatales.
También tendrán permitido hacer mantenimiento de la infraestructura y la provisión de servicios públicos, durante el plazo de vigencia de la emergencia declarada.
En tanto, se crea una comisión de seguimiento de la ley en el ámbito legislativo, integrada por tres legisladores (uno por cada bloque parlamentario). Esta comisión deberá requerir al Poder Ejecutivo y/o a los órganos de contralor internos y externos la información que considere necesaria y realizar observaciones propuestas y recomendaciones que estime pertinente. A su vez, invitaron a los Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a la Ley.
“Entendiendo que la situación macroeconómica actual ha generado una serie de desafíos para el Sector Público Provincial en cuanto a la provisión de servicios esenciales, la ejecución de obras, la compra de alimentos y la adquisición de suministros. La falta de actualización de precios, el aumento sostenido de la inflación y la consecuente dificultad para establecer precios de mercado, han impactado negativamente en los procesos de contratación pública”, fundamentan los considerandos del proyecto.
Más adelante señala que la situación descripta se ha evidenciado en los últimos meses en hechos concretos que son de público y notorio conocimiento: falta de insumos médicos, derrumbe de mamposterías y de falta de calefacción en edificios escolares, la necesidad urgente de proveer alimentos y la copa de leche, entre otros.
Ley de Emergencia Energética
Además, como se mencionó anteriormente, fue sancionada la declaración de Emergencia Energética. La misma establece su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, entendiendo que el gas y la electricidad son servicios esenciales debido a las bajas temperaturas y condiciones climáticas extremas de nuestra provincia. Esta emergencia podrá prorrogarse por igual periodo, siempre y cuando tenga la aprobación del Poder Legislativo.
La Ley faculta al Poder Ejecutivo Provincial a arbitrar las medidas necesarias y agotar todas las instancias a los fines de evitar aumentos desmedidos en las tarifas de los servicios públicos de gas y de electricidad.
“Promueve proteger a los ciudadanos de aumentos injustificados y desproporcionados en los servicios públicos, garantizando así su acceso a la energía a precio justo y razonable; pudiendo prorrogarse por el gobierno provincial por igual periodo”, informaron.
En los considerandos del proyecto aprobado, el Ejecutivo indica que el mismo surge en respuesta a la situación de crisis que enfrenta la provincia debido a la reducción de la coparticipación y programas de asistencia por parte del Gobierno Nacional, los cuales han sido eliminados por la administración actual; como así también recientes medidas gubernamentales como el aumento exorbitante de tarifas eléctricas y la dolarización de precios del gas han impactado negativamente en los habitantes de la provincia con aumentos que llegan hasta el 1.000% para los usuarios de gas licuado de petróleo y hasta el 2.339% para la potencia contratada en electricidad.